Víctimas del terrorismo

MÁS DE 7,3 MILLONES DE EUROS EN INDEMNIZACIONES

La acusación particular que ejerce el despacho de abogados Rodríguez-Segura, de Madrid, ha elaborado un detallado informe sobre todas las lesiones y secuelas que sufrieron los 118 guardias civiles y familiares de éstos, a los que hay que unir 27 vecinos de la avenida de Cantabria y calle Jerez que también padecieron daños en el atentado del 29 de julio de 2009. En total, la Fiscalía solicita una indemnización de 7,3 millones de euros (cada un percibirá un importe en función del diagnóstico). Y esa cantidad podría ser aún superior, ya que hay algunas víctimas  cuya compensación económica será determinada en la ejecución de la sentencia.

Las lesiones que describe la Fiscalía y la representación legal de los afectados son de todo tipo. Entre las físicas abundan las contusiones y los cortes, que dejaron en la mayoría cicatrices de todo tamaño, contracturas cervicales, etc. También son muy frecuentes los casos de que personas que arrastran problemas de hipoacusia (sordera en distinto grado) a consecuencia del estruendo de la explosión. Heridas, todas ellas, que obligaron a quienes las padecieron a estar de baja durante largas temporadas. Algunos guardias civiles aún lo están, incluso.

Según la Asociación Unficiada de Guardias Civiles (AUGC) aún hay 14 agentes de baja a causa del trauma psicológico que padecieron tras el ataque de ETA. Otros cinco -algunos de menos de 45 años- se habría jubilado ya por la incapacidad para ejercer su trabajo diario.

Entre los daños psiquiátricos  figuran todo tipo de secuelas, desde trastornos ansioso depresivos hasta cuadros de irritabilidad y ansiedad, pasando por claustrofobia, insomnio, angustia, pavor a la noche y un largo etcétera.

Los etarras se declararán insolventes como es habitual y no abonarán ni un céntimo de esas compensaciones económicas. Es entonces el Estado el responsable de hacerlas frente a través de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, que en la actualidad no paga el 100% de las indemnizaciones que fijan las sentencias judiciales.